Exp. N° 4772-04

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN DE LOS ANDES

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

PARTE ACCIONANTE: Ciudadano JOSE GUILLERMO PEREZ MORA, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 4.487.028, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 25.624.

APODERADOS JUDICIALES: Abogados DENIS TERAN PEÑALOZA y GUSTAVO ESPINOZA PINO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 3.497.069 y 3.037.605 e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 28.278 y 25.372 respectivamente.

PARTE DEMANDADA: GOBERNACIÓN DEL ESTADO MERIDA, en la persona de la ciudadana ADA YORLEY RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Jefe de Personal de la Dirección de Recursos Humanos y el ciudadano LUIS MARTÍN HERNÁNDEZ.

APODERADOS JUDICIALES: Abogados LUIS FLORENCIO FUENTES PINEDA y MIRIAM MEZA SANTIAGO, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 66.004 y 69.767 en su orden.

REPRESENTANTE JUDICIAL DEL ENTE DEMANDADO: PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MERIDA, ciudadano LEONARDO CARRERO CONTRERAS, titular de la cédula de identidad N° 4.468.678.

APODERADOS JUDICIALES: Abogados HUGO ALFONSO CARMONA y JOSE LEONCIO SÁNCHEZ, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nros. 11.953.109 y 12.220.509 e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 69.832 y 78.141 respectivamente.

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

En el libelo de la demanda el accionante alega que en fecha 09-08-2002 solicitó ante la Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Mérida su jubilación, pero que la Dirección de Personal objetó la integración de los años de servicio prestados a medio tiempo en la Sindicatura Municipal, que a esa fecha son mas de nueve años con seis meses, trabajando todavía como Abogado Auxiliar II de la Sindicatura Municipal de la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida, que la Dirección de Personal pasó su caso a la Procuraduría General del Estado Mérida, la cual emitió un dictamen jurídico bajo el N° Pg-0911 de fecha 24-09-2002, que luego emitió un acto administrativo bajo el N° AL-222/02 de fecha 03-10-2002 mediante el cual le niegan el derecho a su jubilación, que en la misma lo conminan de manera arbitraria a renunciara, puesto que debía ser excluido de la nómina de empleados públicos de la Alcaldía del Municipio Libertador, para poder otorgarle la constancia para los trámites de la jubilación; que en contra de tal decisión interpuso recurso de reconsideración en la oportunidad legal el 06-11-2002, la cual reformó por error material, el 10-11-2002, impugnando el acto administrativo mencionado, que seguidamente interpuso recurso jerárquico ante el ciudadano Gobernador del Estado Mérida en fecha 04-02-2003 en el cual ratifica su derecho a obtener la jubilación.
Que interpuesto el recurso jerárquico el ciudadano Gobernador del Estado Mérida lo remitió al ciudadano Procurador General del Estado Mérida en su condición de representante legal y Abogado de la entidad federal a los fines de su estudio, quien emitió un dictamen jurídico favorable declarando con lugar sus derechos mediante decisión de fecha 18-07-2003, dejando sin efecto los actos administrativos recurridos fechados 03-10-2002 y 13-01-2003, que ordenó la emisión de las respectivas constancias y comprobantes, a los efectos de su jubilación.
Que ha sido imposible la ejecución de la decisión administrativa dictada a su favor, que la Jefe de Personal de Recursos Humanos le expidió una constancia fechada 05-09-2003 que le fue entregada el 30-09-2003 en la cual desvirtúan el contenido del acto administrativo, desconociendo el tiempo reglamentario de su jubilación, que su tiempo de jubilación es de veintisiete (27) años en la administración pública y le colocan solo veinte (20) años, eliminando todos los años de servicio que ha trabajado para la Alcaldía del Municipio Libertador del Estado Mérida desde el 13-07-1994; que tal actitud constituye un desacato a la autoridad del ciudadano Gobernador del Estado Mérida, que como subordinados del ciudadano Gobernador no tienen potestad, ni competencia administrativa para revisar, modificar, revocar, ni cambiar la decisión administrativa dictada a su favor el 18-07-2003. Agrega que la Dirección de Recursos Humanos y el Secretario General de Gobierno de la Gobernación del Estado Mérida pasaron por encima de las normas legales que rigen la materia, al desconocer la normativa establecida en la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, que han incurrido en violación de los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como los artículos 19, 89, 91 de la Carta Magna, que le conculcaron su derecho a ser jubilado con un salario justo e integral.
Finaliza solicitando que se le ordene a la parte accionada el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida, que se le haga entrega inmediata de la constancia administrativa con el tiempo y salarios reglamentarios sumados integralmente. Igualmente solicitó medida cautelar.
Cumplidos los lapsos correspondientes a la presente acción, en fecha 25-02-2004 se celebró el acto de la audiencia constitucional a la cual se hizo presente el accionante ciudadano JOSE GUILLERMO PEREZ MORA, debidamente asistido por los Abogados DENIS TERAN PEÑALOZA y GUSTAVO ESPINOZA PINO, y por la parte accionada se hizo presente el ciudadano LEONARDO HUMBERTO CARRERO CONTRERAS, en su condición de PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO MERIDA y sus apoderados judiciales Abogados MIRIAN MEZA SANTIAGO y JOSE LEONCIO SÁNCHEZ; concedido el derecho de palabra la parte accionante alegó que la ausencia de los presuntos agraviantes ciudadanos ADA RAMÍREZ y LUIS MARTÍN, que no avala la presencia del Procurador General del Estado Mérida, como accionado en el presente en el acto, que los Abogados que lo representan no pueden actuar como apoderados, por cuanto son funcionarios públicos y ratificó los alegatos expuestos en el libelo de la demanda. Seguidamente la parte presuntamente agraviante expuso que la ciudadana ADA RIERA no pudo estar presente en el acto por razones de salud y consignó Poder otorgada por dicha ciudadana y alega que efectivamente existe una constancia expedida conforme a la decisión del recurso jerárquico dictada por el ciudadano Gobernador, que fue imposible emitir la constancia del tiempo de servicio desempeñado por el accionante por disposiciones contenidas en la Constitución, que la presente acción es inadmisible, por cuanto no hay violación de normas de rango constitucional, que al expedir la constancia la administración cumplió, que la Secretaría de Gobierno no es competente para conceder la jubilación, que le corresponde es al Consejo Legislativo Regional; negó, rechazó y contradijo los alegatos del accionante, ya que no tienen competencia para expedir constancia de los años de servicio prestados en otra dependencia, que no existe violación del artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos, ya que la orden expedida por el ciudadano Gobernador fue acatada, pero no el conferimiento de jubilación por no ser competente, que tampoco ha sido violado las normas constitucionales denunciadas. La Procuraduría General del Estado Mérida, actuando como tercero adherido alegó la inadmisibilidad de la acción y expuso que no puede el accionante pretender en sede constitucional, que se le reconozca el estar jubilado, ya que se estaría creando un derecho, que además existe el correspondiente procedimiento administrativo para la pretensión del actor. En el derecho a réplica la parte accionante rechazó y contradijo los alegatos expuestos por los presuntos agraviantes. En este estado la parte accionante alega que no es el ente legislativo quien concede la jubilación, sino el ente administrativo, que la ley aplicable es la Ley del Estatuto de la Función Pública y las leyes regionales, asimismo impugnó la representación de la ciudadana ADA RAMÍREZ.


CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Considera quien aquí juzga que efectivamente hay una decisión anexa a los autos, del folio 61 al 63 emanada de la Gobernación del Estado Mérida donde señala claramente que con base a los principios constitucionales que protegen la institución de la jubilación y observa que ha cumplido con los presupuestos legales de las mismas, le ordena a la Oficina de Recursos Humanos y cualquier otra dirección del Ejecutivo Regional proceder a emitir las respectivas constancias y comprobantes a los efectos del ejercicio legítimo al derecho a la jubilación y materializa su pedimento, así las cosas hay que tomar en cuenta que los querellados ADA RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Jefe de Recursos Humanos de la Gobernación de Mérida cumplió con la orden emanada del ciudadano Gobernador del Estado Mérida, según el acto administrativo de fecha 18-07-2003, al cual se hizo referencia infra. No obstante, este Juez en sede constitucional tiene que garantizarle al quejoso el cumplimiento de un derecho constitucional que le corresponde y que ha sido reconocido por el propio ente administrativo al cual le prestó sus servicios, de tal manera que al existir una Ley de Pensiones y de Jubilación emanada de la Asamblea Legislativa del Estado Mérida, este Juez considera conveniente aplicar el control difuso en razón de que de conformidad con el artículo 80 de la Constitución Nacional, el Estado debe garantizar la seguridad social y está obligado a respetar la dignidad humana, su autonomía, garantizándole atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida, efectivamente la jubilación debe ser otorgada por el propio órgano administrativo, en este caso la Gobernación del Estado Mérida y que no se encuentra en peligro por cuanto el mismo Gobernador en la decisión señalada anteriormente, declara que se han cumplido los presupuestos legales para la misma, que ordena materializar su pedimento. En razón de lo expuesto este Tribunal considera que forzar al quejoso a utilizar otra vía eso ocasionaría un dispendio jurisdiccional que va a desembocar en la misma conclusión a que se ha llegado en la decisión emanada por la Gobernación del Estado Mérida tantas veces señaladas y que este Juez Constitucional debe salvaguardar.
En tal este sentido este Tribunal ejerce de oficio su potestad de Control Difuso de la Constitucionalidad y comienza por destacar los diversos mecanismos previstos en nuestra legislación positiva para que los jueces de la República aseguremos la integridad de la Constitución de 1.999. Así, existe entre nosotros, el llamado Control Concentrado de la Constitucionalidad de las Leyes y demás actos del Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, por una parte. Y por la otra, el denominado Control de la Constitucionalidad por vía de Amparo Constitucional de los actos y omisiones del Poder Público, particulares, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que violen o amenacen de violación algún derecho o garantía constitucional.
Pero adicionalmente, siguiendo una tradición de supremacía constitucional que se remonta al artículo 227 de la Constitución venezolana de 1811 y con expresión inicial en el Código de Procedimiento Civil de 1897 y luego en el mismo Código pero de 1916 desde cuyo momento conserva su casi idéntica redacción, el artículo 20 del vigente Código de Procedimiento Civil consagra el CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, bajo la fórmula de que “Cuando la ley vigente, cuya aplicación se pida, colidiere con alguna disposición constitucional, los jueces aplicarán ésta con preferencia”. Este mecanismo de control jurisdiccional, fue recogido igualmente por el artículo 19 del vigente Código Orgánico Procesal Penal en la forma siguiente: “Control de la Constitucionalidad. Corresponde a los jueces velar por la incolumidad de la Constitución de la República. Cuando la ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, los tribunales deberán atenerse a la norma constitucional”. Como se observa de la lectura detenida de ambas normas adjetivas de naturaleza pre-constitucional, -por ser anteriores a la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999- se regula allí la potestad de ejercicio judicial de un Control Difuso de la Constitucionalidad únicamente sobre Leyes, cuya aplicación sea invocada en un caso concreto.
Sobre el particular, se ha pronunciado la Doctrina patria a través de diversos autores.
Así por ejemplo, el administrativista venezolano y profesor universitario Antonio Canova González, en su obra “Reflexiones para la Reforma del Sistema Contencioso Administrativo Venezolano, Editorial Sherwood, Caracas 1998, páginas 122, 123 y 127, nos explica detalladamente:

“El sistema difuso, instaurado inicialmente en los Estados Unidos de América, tiene sus orígenes en el indicado fallo: Marbury vs. Madison. Allí la Suprema Corte fue clara al afirmar que la Constitución como norma escrita tiene un papel preponderante sobre los demás actos que deriven del Poder Público, especialmente sobre los legislativos, los cuales, en caso de transgredir la normativa constitucional, deberán ser tenidos como inválidos por cualquier juez de la nación y, en consecuencia, desconocidos para el caso concreto en que su aplicación se pida. Como puede observarse, en este sistema de control de la constitucionalidad se le atribuye a los jueces- que son los órganos que normalmente aplican el derecho- el poder de declarar la inconstitucionalidad de cualquier disposición legislativa cuya aplicación le sea solicitada y, entonces, obviarla al momento de emitir su fallo...Este sistema integral de control constitucional es el vigente en Venezuela, donde hace prácticamente un siglo se reconoce la potestad de los jueces de la República para desaplicar leyes inconstitucionales en caso de que sean invocadas durante un proceso; competencia que está actualmente contemplada en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil...”

Igualmente, sobre el particular, ha opinado el también docente universitario Víctor Rafael Hernández-Mendible en su obra “Procedimiento Administrativo, Proceso Administrativo y Justicia Constitucional” (páginas de jurisprudencia), Vadell Hermanos Editores, Valencia-Caracas, Venezuela 1997, pág 285, diciéndonos:

“...En nuestro derecho el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, se encuentra regulado en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Cuando el órgano jurisdiccional actúa con fundamento en la primera norma solo debe limitarse a desaplicar la norma al caso concreto; en tanto que cuando actúa con fundamento en la segunda disposición, debe proceder a notificar su decisión a la Corte Suprema de Justicia”

Y a mayor precisión, en la actualidad resulta de gran trascendencia para el imperativo judicial de asegurar la integridad constitucional -como innovación y fortaleza evolutiva del sistema de control difuso-, lo establecido en la propia CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999, cuyo artículo 334 enmarcado en el Título VIII “DE LA PROTECCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN” , Capítulo I “De la Garantía de la Constitución”, reza textualmente:

“Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente...”

En conclusión:

En Venezuela hoy día, es decir, desde el 30-12-99, fecha en que entró en vigencia la nueva Constitución de la República con su publicación en la Gaceta Oficial, el Control Difuso de la Constitucionalidad adquirió rango constitucional, reforzando el ya aludido control difuso previsto en los citados artículos 20 del Código de Procedimiento Civil y 19 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo que a diferencia de lo establecido en éstos últimos ordenamientos, el actual Control Difuso de la Constitucionalidad puede recaer no solamente sobre Leyes formales viciadas de inconstitucionalidad cuya aplicación se pida en un caso concreto; sino que también, -tal como reza el transcrito artículo 334 constitucional- puede ejercerse sobre cualquier “otra norma jurídica” que sea incompatible con la Constitución. Y lo que es más, hoy día dicho control nos corresponde ejercerlo con carácter obligatorio a todos los jueces de la República, incluso DE OFICIO, vale decir, sin que nos haya sido solicitada la aplicación de una ley, reglamento, decreto u otra norma jurídica al caso concreto, lo que significa una derogatoria parcial tácita de las citadas normas adjetivas por colidir en ese aspecto (la necesidad de petición), con lo previsto en el dispositivo constitucional 334, tal como lo manda la Disposición Derogatoria Única de la Carta Magna de 1999.