PONENTE: DR. OMAR DUQUE JIMENEZ
Causa Nº As. FP01-R-2005-000221
RECURRIDO:TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PUERTO ORDAZ
ACUSADOS:OSWALDO JOSÉ MARTINEZ OJEDA y ROSCIO KATIUSKA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
RECURRENTES:ELBA HAGER DE DIAZ, ALICIA MONRROY CARMONA Y SOLANGE SÁNCHEZ
MOTIVO: APELACIÓN DE SENTENCIA

I
Corresponde a esta Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, conocer y solventar respecto del Recurso de Apelación de Sentencia, interpuesto por las Abogadas ELBA HAGER DE DIAZ, ALICIA MORROY CARMONA Y SOLANGE SANCHEZ, actuando con el carácter de Fiscales del Ministerio Publico, Vigésimo Segundo a Nivel Nacional con Competencia Plena, Noveno de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Segundo del Segundo Circuito del Estado Bolívar, respectivamente, en la causa signada con el Nº FP01-R-2005-000221, contra la Sentencia dictada en audiencia en fecha 12 de Julio de 2005, y publicada en fecha 19 de Julio de 2005, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, con motivo del Juicio Oral y Público celebrado en la causa seguida al del Ciudadano: OSWALDO JOSÉ MARTINEZ OJEDA, de nacionalidad Venezolana de 52 años de edad, C.I: V-3.690.823, nacido el 5-5-1952, natural de Puerto Cabello Estado Carabobo, residenciado en la calle la Esperanza, #110A-21, Naguanagua Valencia, Estado Carabobo.

De la Sentencia objeto de Impugnación:

De los folios 13.787 al 13.833 de la Pieza 57 expediente, cursa el pronunciamiento hecho por el Tribunal A Quo, el cual es del tenor siguiente:

“(Omissis)…
“CASO Nº 3

Sobre este caso, el Ministerio Público solicitó la condenatoria del acusado, en principio por considerarlo responsable de la perpetración del delito de Homicidio Intencional Calificado, y como consecuencia de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, basaron su acusación en la figura de Homicidio Intencional Calificado en Grado de Complicidad, con fundamento en el artículo 408 ordinal 1 en concordancia con el artículo 84 del Código Penal, al realizar la correspondiente comparación, análisis y conclusión de los medios de pruebas debidamente judicializados, estima este sentenciador, que en este caso de especie, no puede deducirse la responsabilidad del ciudadano OSWALDO JOSÉ MARTINEZ OJEDA, por el delito bajo el cual fundamenta su acusación la representación fiscal, quien finca su hipótesis acusatoria, en la declaración de los ciudadanos RAINIER PIÑERO Y BORY PIÑERO; quienes según el dicho de los funcionarios policiales, estos ciudadanos en el transcurso del antiguo sumario del extinto sistema inquisitivo penal, sindicaron al acusado de haber sido uno de los participes intelectuales del hecho que se persigue en este proceso acusatorio, no obstante, este juzgador, en su tarea de inmediación comprobó que el dicho de los hermanos PIÑEROS, no fue ratificado en el debate oral, ni tampoco fue aportado por el Ministerio Publico por vía de prueba anticipada, de conformidad con el artículo 307 del Código Orgánico Procesal Penal, que sería la formula jurídica para traer a juicio la declaración de un testigo rendida durante la fase de investigación o fase intermedia, pero además resulta menester destacar para este juzgador, que la declaración rendida por los ciudadanos RENIER Y BORIS PIÑERO, ante un funcionario policial, donde según se dice, comprometen a OSWALDO JOSE MARTINEZ OJEDA, tampoco podrían valorarse bajo el antiguo sistema inquisitivo, en virtud de que el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 255 Ordinal 4, prohibía que se apreciara como testigo hábil, ni siquiera como indicio, la declaración de un co-reo, como es el caso de lo hermanos PIÑEROS. De suerte, que nos encontramos ante un medio de prueba completamente ilegal, que no puede valorarse en ningún caso en contra del acusado…Siguiendo con la labor de comparación de los medios de pruebas sobre el caso denominado Transvalcar, vemos como los funcionarios policiales que rinden sus testimonios durante la audiencia oral, se limitan a manifestar que el ciudadano OSWALDO JOSE MARTINEZ OJEDA, presuntamente participó en tales hechos, simplemente porque los hermanos PIÑEROS así lo indicaron, es decir, se trata y estamos por ello, ante un testimonio referencial, sin embargo, el acusado negó cualquier participación en los hechos, durante su declaración rendida en éste juicio, por encontrarse de acuerdo a su dicho fuera del País, y los hermanos PIÑEROS no fueron traídos por el Ministerio Público para corroborar el dicho de los funcionarios policiales deponentes, siendo ello así, la argumentación acusatoria fiscal, queda supeditada a simples referencias, no es corroborada con las pruebas periciales ni técnicas evacuadas, que en ningún modo comprueban la participación del acusado ni directa ni indirectamente en los hechos ni anteriores ni comitantes (sic) ni sucedáneos, más por el contrario, las pruebas decadactilares tramitadas por el órgano de investigación, señalan a los ciudadanos BORIS PIÑERO y el capitán JUAN AVENDAÑO, como presuntos autores de los hechos, y quedan igualmente supeditadas a la presunción de los funcionarios policiales quienes afirmaron durante el debate oral, que ellos sospechaban de la presencia en esta actividad delictual del caso Transvalcar del acusado OSWALDO JOSE MARTINEZ OJEDA, debido al carácter “sangriento y violento” como actuaron los autores de tales hechos; no obstante bien sabemos, y huelga por lo demás reiterarlo, que en el derecho penal acusatorio si algo se abobina son las presunciones, este sistema procesal no permite presumir la culpabilidad, sino hay que probarla y es a través del debate probatorio que puede destruirse la única presunción existente que ampara al acusado como lo es el de la inocencia. Al no destruir la presunción de inocencia del acusado de autos el Ministerio Público, el Tribunal debe acordar su ABSOLUCIÓN de toda responsabilidad criminosa sobre esta inculpación Fiscal.
CASO Nº 4

En el presente caso Nº 4, después de analizar todas las probanzas tal como lo establecen los artículos 22 y 173 del Código Orgánico Procesal Penal, previa deliberación sobre todos los puntos sometidos al conocimiento de este tribunal mixto, llega a las siguientes conclusiones:
Sobre este caso, el Ministerio Público solicito la condenatoria del acusado por ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en los artículos 457 en relación con el 460 del Código Penal (Derogado), en perjuicio de la Empresa Serví Cerámica, Turmero Estado Aragua, despojó al ciudadano Beleza Dos Santos y Joaquín Calafati, de un arma de fuego y objetos personales, al realizar la correspondiente comparación, análisis y conclusión de los medios de pruebas debidamente judicializados, estima este sentenciador, que en este caso de especie, no puede deducirse la responsabilidad del ciudadano Oswaldo Martínez Ojeda, por el delito bajo el cual fundamenta su acusación la representación Fiscal, quien finca su hipótesis acusatoria, en la declaración del funcionario: LEONARDO ENRIQUE BRITO MENDEZ, firmante del acta de reconocimiento de albunes fotográficos, pero sus dichos fueron contrariados en forma clara en el debate oral, por la propia víctima BELEZA DOS SANTOS MANUEL AURELIO, quien manifestó que no vio a nadie, solo sintió una arma en la costilla izquierda, no sabe si era una arma en realidad con lo que lo apuntaron, la pistola que le llevaron era la llamada Águila del desierto, la cual es muy grande y la tenía sobre un escritorio del dueño del negocio Serví cerámicas Turmero, porque me pesaba y me molestaba mucho por el tamaño. El otro atracador era un flaco alto, blanco, pero no le vi el rostro porque usaba peluca y un bigote falso. Primera vez que veo personalmente a Oswaldo Martínez Ojeda, yo nunca lo había visto antes. Aunado a ello este Juzgador indica que para realizar un reconocimiento debe hacerse con los parámetros de ley artículo 230 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. De suerte que nos encontramos ante un medio de prueba completamente ilegal, que no puede valorarse en ningún caso en contra del acusado…Al no destruir la presunción de inocencia del acusado de autos el Ministerio Público, el Tribunal debe acordar su ABSOLUCIÓN de toda responsabilidad criminosa sobre esta inculpación Fiscal.

CASO Nº 5

Analizadas las pruebas anteriormente mencionadas, de manera individual, le corresponde al juzgador, realizar la comparación de los medios de pruebas señalados como el esfuerzo intelectivo del Juez Penal aplicando para ello los conocimientos de la lógica las máximas de experiencias, y la sana crítica y los conocimientos científicos, cuando sean aplicables. En este sentido, se observa, que mediante un tejido orgánico y entre cruces de los medios de pruebas ante analizados el sentenciador observa protuberantes contradicciones entre el dicho de los testigos, las resultas de las experticias planimétricas, y la cuestionada presencia de testigos en lugar del suceso, así como de vehículos, tales como la ciudadana MARÍA MELQUÍADES COLMENARES TAPIA, y la motocicleta conducida por el funcionario TRINO COLMENARES, aunado a ello, ninguno de los medios probatorios analizados, concluye con certeza que el ciudadano OSWALDO MARTINEZ OJEDA, tuvo una participación directa o indirecta en la ejecución material de los hechos aquí perseguidos, sino por el contrario el Tribunal más bien pone en duda, y por ello desestimo la afirmación del testigo JOSE GREGORIO NAVAS, quien contrario a las máximas de experiencia manifestó, que a una distancia de 50 metros y con el vidrio semi abierto, pudo distinguir el color del cabello, vestimenta y hasta el color de los ojos del ciudadano MARTINEZ OJEDA, tal afirmación en vez de constituir una afirmación de culpabilidad más bien refuerza el beneficio de la duda, y la presunción de inocencia del acusado, porque le resulta forzoso a quien juzga, darle veracidad y feaciencia (sic) a una afirmación como las que nos indica el mencionado declarante. Además, el artículo 84 del Código Penal ex antes, consagra la figura de complicidad, y en atención al dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, para que exista esta figura de coparticipación, es necesario que se demuestre durante la secuela procesal, de que forma el acusado contribuyo a la materialización del delito y cual fue su aporte tanto del punto de vista intelectual como físico, para que el delito se hubiese cometido, haciendo énfasis que el Ministerio Público durante el debate, y sus ulteriores conclusiones, señalo que el acusado a su decir, era cómplice porque había planeado el hecho, lo cual significa una evidente confusión en la concreción de la hipótesis acusatoria, por cuanto una cosa es reforzar y excitar la ejecución del hecho, y otra cosa es participar en el hecho mediante un plan preordenado, como sería el caso del planificador, figura al a que se refirió el Ministerio Público, y siendo así, ya no sería un señalamiento de complicidad sino de cooperador, hecho no debatido ni objeto de ampliación por el Ministerio Público, en virtud de todo lo anterior, el principio de presunción de inocencia recogido por el Constituyente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, no pudo ser revertido por el Ministerio Publico, mediante el aporte de las pruebas anteriormente analizadas, por lo cual este Tribunal debe emitir un fallo ABSOLUTORIO en beneficio del ciudadano OSWALDO MARTINEZ OJEDA.
CASO Nº 6
En el presente caso Nº 6, después de analizar todas las probanzas tal como lo establece los artículos 22 y 173 del Código Orgánico Procesal Penal, previa deliberación sobre todos los puntos sometidos al conocimiento de este tribunal mixto, llega a las siguientes conclusiones:
Hecho el análisis separado de cada medio de prueba, promovido por la parte acusadora, le corresponde al decisor, la tarea de comparar y entrelazar tales medios probatorios, con el fin de deducir la responsabilidad o no de quien se juzga, y en atención a ello, se estima lo que de seguida se expone: Es importante señalar que el Ministerio Público sobre este hecho particular, le imputa al acusado la comisión del delito de Homicidio Intencional Agravado en Grado de Frustración, previsto y sancionado en el artículo 409 Ordinal 2º del Código Penal, en concordancia con el artículo 80 ejusdem. Resulta importante destacar la imputación Fiscal partiendo de la premisa que la prueba irrebatible de la imputación que es el límite de la controversia penal, sobre este hecho, lo constituye sin duda el examen médico forense, es decir, que la base fáctica de la imputación del delito de lesiones, o de homicidio en grado de frustración, lo constituye el informe médico forense, quien a la postre, determina la entidad del daño corporal sufrido y la ubicación del mismo, pero en este caso, estando ante una versión medica contradictoria como lo es la rendida por el Dr. MARCOS ANTAHONA, quien por lo demás en el informe médico forense que suscribe, como médico legista, certifica que el ciudadano LUIS ROMERO VASQUEZ, solo sufrió lesiones en la mano izquierda, más no en el pecho, como lo afirmó posteriormente en la audiencia oral, este Juzgador con fundamento en la sana critica y en los conocimientos científicos, no estima como cierto lo que afirmó en su informe médico forense, y desestima totalmente la versión que rinde con posterioridad, dicho profesional de la medicina, por contradecirse y desmentirse de forma reciproca al igual que desmontar la afirmación de los testigos deponentes, concluyéndose que no existe prueba de la intención de matar con la que dice la víctima que actuó quien lo ataco, ya que las lesiones en los órganos vitales, no resultaron suficientemente acreditadas, no se probó pericialmente que la víctima haya sido lesionada en algún órgano vital, ni que el acusado se encontrara en el lugar de los hechos, ni tampoco logró deducir su responsabilidad con el resultado de las pruebas técnicas y científicas, tales como Experticia Dactilares, y Análisis de Comparación de Apéndices Piloso, recabados en los vehículos, y como elemento determinante, todas las testimoniales analizadas con anterioridad que en suma constituye los medios de pruebas aportados por el Ministerio Público, en su intento de demostrar la responsabilidad penal del incriminado, son sin excepción alguna, funcionarios policiales, que en tal sentido, partiendo del criterio mantenido de manera reiterada y constante por la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia, la sola declaración de los funcionarios policiales actuantes en un caso, constituyen un solo indicio de incriminación más no una prueba concluyente de responsabilidad, y en atención a ello siendo conteste con este criterio jurisprudencial y doctrinario, y ante la total ausencia de prueba de culpabilidad en contra del ciudadano OSWALDO JOSE MARTINEZ OJEDA, lo conducente es declarar su ABSOLUCIÓN con respecto a esta imputación Fiscal.
CASO Nº 7
Sobre este caso, como bien se señaló en el acta del debate y al inicio del debate, y en la parte ut supra de esta sentencia, el sentenciador anunció un posible cambio en la calificación jurídica con respecto a la imputación Fiscal, de conformidad con el artículo 350 del Código Orgánico Procesal Penal, señalando que bien pudiera estarse en presencia de los delitos de Aprovechamiento de Vehículos, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley Sobre Hurto y Robo de vehículo y 472 del Código Penal, respectivamente, a los fines de realizar el proceso de comparación del merito de la prueba y la concluyente responsabilidad o inocencia del acusado, con base a una invanación (sic) armónica de las tareas probatorias de las partes, considera quien aquí decide, que el acusado, en la oportunidad en que presto su declaración libre de coacción y apremio, y rodeado de todos las garantías constitucionales y procesales en este proceso, manifestó que ciertamente había adquirido ese vehículo in comento, a los fines de agradar a su esposa, y en razón del precio que le atribuyeron a dicho vehículo, el suponía que era de procedencia dudosa; aunado a esto, en el transcurso del debate, depusieron expertos, y funcionarios actuantes, quienes ratificaron por un lado la experticia practicada al vehículo marca Toyota Yaris, color plateado. Si bien es cierto que de acuerdo con nuestro sistema constitucional y procesal, la confesión por si sola no constituye ahora la reina de las pruebas, ni puede tomarse el dicho del acusado para que haga prueba contra si mismo, no es menos cierto que ante tal reconocimiento del ciudadano Martínez Ojeda, sobre el señorío o posesión que tenía sobre el vehículo para el momento en que se produjo su detención en la ciudad de Acarigua en el Estado Portuguesa, no es menos cierto, que su afirmación al no ser controvertida si no más bien confirmada por el resto de los elementos de pruebas judicializados durante el debate oral, conducen a este juzgador a adminicularlos y deducir en consecuencia de este razonamiento la concluyente e irrebatible responsabilidad del acusado OSWALDO JOSE MARTINEZ OJEDA, en la comisión de los delitos de Aprovechamiento de vehículos, Provenientes de un delito de Robo, y de Aprovechamiento de Cosas Provenientes del delito, todote conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículo y 472 del Código Penal, por lo que así igualmente queda decidido. Y en tal sentido, el dictamen de este juzgador sobre estos hechos debe resultar Condenatoria.
CASO Nº 9
Sobre este caso, como bien se señaló en el acta de debate y al inicio del debate, y en la parte ut supra de esta sentencia, el sentenciador anunció un posible cambio en la calificación jurídica con respecto a la imputación Fiscal, de conformidad con el artículo 350 del Código Orgánico Procesal Penal, señalando que bien pudiera estarse en presencia de los delitos de Aprovechamiento de Vehículos, provenientes de un delito de Robo, y de Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículo y 472 del Código Penal, respectivamente, a los fines de realizar el proceso de comparación del merito de la prueba y la concluyente responsabilidad o inocencia del acusado, con base a una invanación (sic) armónica de las tareas probatorias de las partes, considera quien aquí decide, que el acusado OSWALDO JOSE MARTINEZ OJEDA, en la oportunidad en que presto su declaración libre de coacción y apremio, y rodeado de todas las garantías constitucionales y procesales en este proceso, manifestó que ciertamente había adquirido esas armas a los efectos de comercializar con ellas, y que el vehículo in comento, había sido adquirido de la misma manera a los fines de agradar a su esposa, y en razón del precio que le atribuyeron a dicho vehículo, el suponía que era de procedencia dudosa, aunado a esto, en el transcurso del debate, depusieron expertos, y funcionarios actuantes, quienes ratificaron por un lado la experticia practicada tanto a las normas incriminadas e incautadas como al vehículo marca Toyota Yaris, color plateado. Si bien es cierto que de acuerdo con nuestro sistema constitucional y procesal, la confesión por si sola no constituye ahora la reina de las pruebas, ni puede tomarse el dicho del acusado para que haga prueba contra si mismo, no es menos cierto que ante tal reconocimiento del ciudadano OSWALDO JOSE MARTINEZ OJEDA, sobre el señorío o posesión que tenía sobre las armas y el vehículo para el momento en que se produjo su detención y posterior allanamiento en su vivienda en la ciudad de Acarigua en el Estado Portuguesa, no es menos cierto, que su afirmación al no ser controvertida si no más bien confirmada por el resto de los elementos de pruebas judicializados durante el debate oral, conducen a este juzgador a adminicularlos y deducir en consecuencia de este razonamiento la concluyente e irrebatible responsabilidad del acusado OSWALDO JOSE MARTINEZ OJEDA, en la comisión de los delitos de Aprovechamiento de Vehículos, provenientes de un delito de Robo, y de Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículo y 472 del Código Penal, por lo que así igualmente queda decidido. Y en tal sentido, el dictamen de este juzgador sobre estos hechos debe resultar Condenatoria.
Lo CONDENA por los hechos que a continuación se detallan:
PRIMERO: Aprovechamiento de Vehículo Proveniente de un Delito de Robo, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículo, hecho ocurrido el 21-06-2001, en Acarigua, Estado Portuguesa.
SEGUNDO: APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIEN TE DE DELITO, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 472, del Código Penal, con ocasión a Arma de Fuego, tipo pistola, hecho ocurrido en Acarigua Estado Portuguesa, en fecha 21-06-2001, en caso del ciudadano Manuel Belleza, Dos Santos.
TERCERO: OCULTAMIENTO DE ARMA DE GUERRA, previsto y sancionado en el artículo 275 del Código Penal, en relación con el artículo 9 de la Ley Sobre Armas y Explosivos, hecho ocurrido en fecha 21-06-2001, en Acarigua, Estado Portuguesa.
Acotando que los tres delitos por los que se le condenan dan acogiendo el término mínimo un total permisible y ajustado a derecho de SEIS AÑOS, VEINTIDOS DIAS, Y DOCE HORAS DE PRISIÓN en pena impuesta a cumplir, en su contra, en consecuencia se mantiene latente la Medida Privativa dictada, hasta que el Juez de Ejecución provea lo conducente. De igual manera debe cumplir las penas accesorias contenida en el artículo 16 numeral 2 del Código Penal, con sujeción a la vigilancia de la autoridad judicial, por una quinta parte del tiempo de la condena, desde que esta termine, a los fines de su reinserción de la vida social.
CUARTO: En atención a que los artículos 34 del Código Penal y artículo 265 al 267 y 272, del Código Orgánico Procesal Penal, tienen pautada normas para la imposición de costas procesales, se EXONERA de las mismas a dicho ciudadano, en virtud de haberse mantenido privado de su libertad, con ocasión a los hechos por los cuales se le absuelve.
DISPOSITIVA
Este Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, extensión territorial Puerto Ordaz, en la modalidad de Tribunal Mixto y de manera unánime, administrando Justicia en nombre de la república Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en consideración a los fundamentos de hecho y derecho explanados, hace los siguientes pronunciamientos: al ciudadano OSWALDO JOSE MARTINEZ OJEDA, de nacionalidad Venezolana de 52 años de edad, C.I: V-3.690.823, nacido el 5-5-1952, natural de Puerto Cabello Estado Carabobo, residenciado en la calle la Esperanza, #110A-21, Naguanagua Valencia, Estado Carabobo. Lo ABSUELVE de los hechos que a continuación se detallan: PRIMERO: Del delito de Robo Agravado previsto y sancionado en el artículo 457 en relación con el artículo 460 del Código Penal, perpetrado en fecha 18-09-1991, ocurrido en el Banco Provincial de Alta Vista de Puerto Ordaz. SEGUNDO: Del delito de HOMICIDIO CALIFICADO previsto y sancionado en el artículo 408, ordinal 1 del Código Penal, en perjuicio de José Antonio Toledo Leal y la empresa de Servicios Panamericanos, ocurrido en fecha 17-06-1992 en el Centro Comercial Concreta, Caracas, Distrito Capital.
TERCERO: Del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 457 en relación con la agravante de a mano armada, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal…CUARTO: HOMICIDIO CALIFICADO previsto y sancionado en el artículo 406 y artículo 84 ordinal 1, 2 y 3 en grado de complicidad del Código Penal en perjuicio de Ángel Alfonso Martínez Ortiz, José Manuel Cancillo Granero, Gilberto José Palima Mireles y Wolfang Antolin Moreno Cruz y de la Empresa Transvalcar, ocurrido en fecha 25-11-1992,en el Aeropuerto Carlos Manuel Piar de Puerto Ordaz, Estado Bolívar. QUINTO: HOMICIDIO INTENCIONAL AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN: previsto y sancionado en el artículo 409 numeral 2º en concordancia con el último aparte del artículo 80 del Código Penal derogado, ocurrido en fecha 30-10-2000,en la Estación de Servicios El Prado, Valencia, Estado Carabobo, en perjuicio del funcionario Luis Gregorio Romero Vásquez. SEXTO: HOMICIDIO INTENCIONAL AGRAVADO EN GRADO DE COMPLICIDAD NECESARIA, previsto y sancionado en el artículo 409, numeral segundo del Código Penal Derogado, en concordancia con el artículo 84 de la Reforma del Código Penal, ocurrido en fecha 08-09-2000, en la Carretera Nacional, Vía Orituco, Calabozo, en perjuicio de los funcionarios Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Félix Miguel Castejón y Pedro Miguel Pérez. Lo CONDENA por los hechos que a continuación se detallan: PRIMERO: Aprovechamiento de Vehículo proveniente de un delito de Robo, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley sobre Hurto y Robo de Vehículo, hecho ocurrido el 21-06-2001, en Acarigua, Estado Portuguesa. SEGUNDO: Aprovechamiento de cosas proveniente de delito, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 472 del Código Penal con ocasión a arma de fuego, tipo pistola, hecho ocurrido en Acarigua Estado Portuguesa, en fecha 21-06-2001, previsto y sancionado en el artículo 275 del Código Penal en relación con el artículo 9 de la Ley Sobre Armas y Explosivos, hecho ocurrido en fecha 21-06-2001 en Acarigua, Estado Portuguesa. TERCERO: Ocultamiento de Arma de Guerra, previsto y sancionado en artículo 275 del Código Penal, en relación con el artículo 9 de la Ley sobre Armas y Explosivos. Acotando que los tres delitos por los que se le condenan dan acogiendo el término mínimo un total permisible y ajustado a derecho de SEIS AÑOS, VEINTIDOS DIAS Y DOCE HORAS DE PRISIÓN, en pena impuesta a cumplir, en su contra, en consecuencia se mantiene latente la Medida Privativa dictada hasta que el Juez de ejecución provea lo conducente. De igual manera debe cumplir las penas accesorias contenidas en el artículo 16 numeral 2º del Código Penal, con sujeción a la vigilancia de la autoridad judicial, por una quinta parte del tiempo de la condena, desde que este termine, a los fines de su reinserción de la vida social… (Omissis)”.

Hasta aquí, en extracto, el fallo apelado.

II

Contra la mencionada sentencia, que ha sido parcialmente transcrita, publicada en fecha 19 de Julio de 2005, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, las Abg. ELBA HAGER DE DIAZ, ALICIA MONRROY CARMONA Y SOLANGE SANCHEZ, actuando con el carácter de Fiscales del Ministerio Público, Vigésimo Segundo a Nivel Nacional con Competencia Plena, Noveno de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Segundo del Segundo Circuito del Estado Bolívar, respectivamente, interpusieron recurso de apelación de sentencia.

Del Recursos de Apelación

Contra la Sentencia antes referida, las Abg. ELBA HAGER DE DIAZ, ALICIA MONRROY CARMONA Y SOLANGE SANCHEZ, actuando con el carácter de Fiscales del Ministerio Publico, Vigésimo Segundo a Nivel Nacional con Competencia Plena, Noveno de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Segundo del Segundo Circuito del Estado Bolívar, respectivamente, interp