REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SEGUNDO DEL MUNICIPIO BARINAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS
Barinas, 13 de abril de 2007
196° y 148°

PARTE DEMANDANTE: Abog. USTINOVK SAULO FREITEZ ALVARAY, Inpreabogado N° 32.508, apoderado judicial de los ciudadanos JUAN DE JESUS SAAVEDRA CAÑIZALES Y LUISA DEL VALLE RUIZ DE SAAVEDRA.

PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil INVERSIONES PASTEURIZADORA LARA, C.A. (INVPASLARA C.A)

MOTIVO: DESALOJO
EXPEDIENTE: N° 2058.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA

Visto el libelo contentivo de demanda de DESALOJO INMOBILIARIO, procedente de la distribución realizada en el Juzgado Primero del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, presentado por el abogado en ejercicio USTINOVK SAULO FREITEZ ALVARAY, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 32.508, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos JUAN DE JESUS SAAVEDRA CAÑIZALES Y LUISA DEL VALLE RUIZ DE SAAVEDRA, venezolanos, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Valencia, estado Carabobo y titulares de las cédulas de identidad Nros: V-3903232 y V-4626505, en su orden, según consta en instrumento poder otorgado por ante la Notaría Publica Sexta de Valencia, estado Carabobo, en fecha 02/03/2007, anotado bajo el N° 30, Tomo 33, de los libros respectivos, interpuesta contra la Sociedad Mercantil INVERSIONES PASTEURIZADORA LARA, C.A. (INVPASLARA C.A), registrada por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, en fecha 08/09/1993, anotado bajo el N° 14, Folios 81 al 83 vto, Tomo V, adicional I de los Libros de Comercio llevados por ese Juzgado, actualmente Registro Inmobiliario Primero de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, representada por su Presidente ciudadano WILLIAM J. MENDOZA CRESPO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5238713.
Narra el apoderado judicial de la parte actora en su libelo que sus poderdantes son propietarios de un inmueble signado con el N° 418, ubicado en la urbanización Alto Barinas Norte, Conjunto Residencial Los Cedros, al final de la avenida Francia, de la ciudad de Barinas, Municipio y Estado Barinas, y que en fecha 26/08/1997 el copoderdante JUAN DE JESUS SAAVEDRA CAÑIZALES, celebró contrato de Administración del referido inmueble con la Sociedad Mercantil Martínez Peña Bienes Raíces, S.R.L, la cual suscribió contrato de arrendamiento con la demandada de autos con la representación antes dicha, por ante la Notaría Publica Primera de la ciudad de Barinas, en fecha 27/06/2003, anotado bajo el N° 82, Tomo 52 y el 17/07/2003, bajo el N° 12, tomo 74 de los Libros llevados por esa Notaría. El mencionado contrato de arrendamiento establece en su cláusula Segunda, que el arrendatario se compromete a pagar un canon de arrendamiento mensual, consecutivo de manera anticipada a partir de del 01/06/2003, de cuatrocientos veinte mil bolívares (Bs. 420.000,oo).
Fundamenta la demanda la parte actora en la insolvencia en el pago de los cánones arrendamiento correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del dos mil cinco (2005), los meses de enero a diciembre 2006 y enero, febrero, marzo y abril 2007, para un total de 19 cánones de arrendamiento insolutos, optando en este caso por la acción de desalojo contemplada en el Literal a) del artículo 34 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, así como los daños y perjuicios representados por los cánones de arrendamiento causados y no pagados y los que se causen durante el tiempo que dure el presente proceso, de esta manera establece que el monto adeudado para el momento de la interposición de la demanda es la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs.7.980.000,oo).

MOTIVA
De lo expuesto por el demandante en su libelo, es evidente que la pretensión va dirigida al desalojo del inmueble arrendado, por deuda de cánones de arrendamiento insolutos, establece el Decreto-Ley de arrendamientos inmobiliarios en el artículo 34, que este dispositivo se aplica a los contratos VERBALES O ESCRITOS A TIEMPO INDETERMINADO, así las cosas, no cabe duda que la demanda de desalojo ( artículo 34 L.A.I.) es ÚNICAMENTE APLICABLE A LOS CONTRATOS A TIEMPO INDETERMINADO; Igualmente, el artículo 33 del referido Decreto Ley, contempla que:
“Las demandas por DESALOJO,…, se sustanciarán y decidirán conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto-Ley y al procedimiento breve previsto en el Libro IV, Título XII del Código de Procedimiento Civil, independientemente de su cuantía”.

De la trascripción parcial anterior, se infiere que un Tribunal, para conocer de cualquier demanda de desalojo debe ser COMPETENTE por la MATERIA, EL TERRITORIO Y LA CUANTÍA, respecto a ésta última, a los fines de establecer la competencia del Tribunal, debe tomarse en cuenta en el presente caso, que las normas que la rigen son de orden público.
Ahora bien, esta Juzgadora considera oportuno y adecuado hacer unas consideraciones previas, acerca de la competencia por la cuantía y así afirmar o no la misma, para la sustanciación cognoscitiva de la presente demanda; todo ello, en garantía del derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva entre otros derechos constitucionales de las partes, previstos en los Artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Igualmente, los Órganos Jurisdiccionales se distribuyen el conocimiento de los casos según las reglas de la competencia, bien sea, por la cuantía, el territorio o la materia, para evitar un caos, y ordenar la administración de justicia.
Por ello, la doctrina y la jurisprudencia patria han mantenido en forma pacifica, reiterada y diuturna que las reglas de competencia por la cuantía interesa al orden público; por este motivo, puede ser alegada por las partes y aún declarada de oficio en cualquier estado del proceso, en primera instancia, de conformidad con lo previsto en el segundo aparte del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, esto conduce a que los derechos de las personas relativos a las diversas actividades que tutela la jurisdicción, para que les sean declarados en casos de conflicto, tengan que acudir a los órganos jurisdiccionales que les corresponda.
En este orden de ideas, el artículo 36 del Código de Procedimiento civil establece:

“En las demandas sobre la validez o continuación de un arrendamiento, el valor se determinara acumulando las pensiones sobre las cuales se litigue y sus accesorios. Si el contrato fuere por tiempo indeterminado, el valor se determinara acumulando las pensiones o cánones de un año.”

De la norma antes trascrita, se evidencia palmariamente los dos presupuestos legales establecidos por el legislador para la estimación de la cuantía en las controversias judiciales sobre arrendamientos, como es el caso de marras, se determinara acumulando las pensiones sobre las cuales se litigue y sus accesorios, por aplicación directa de la disposición normativa supra citada; Pues, ciertamente la parte demandante ciñó su estimación a ese ordenamiento legal, al fundamentar su demanda en diecinueve (19) cánones de arrendamientos vencidos no pagados, a CUATROCIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 420.000,oo), cada uno, para un total de SIETE MILLONES NOVECIENTOS COHENTA BOLIVARES (Bs.7.980.000,oo), monto que supera el tope de la cuantía de éste Juzgado; por ello, es menester recordar a la parte actora que la competencia por la cuantía es de orden publico, por lo que no puede ser relajada por convenio de los particulares, tal como lo preceptúa el artículo 5 del Código Adjetivo Civil.
En consecuencia, La falta de competencia, tiene su fundamento según el criterio de nuestro Máximo Tribunal en la “garantía constitucional, según la cual, nadie puede ser juzgado sino por sus jueces naturales, y conforme a las normas de procedimiento establecidas, empleando una razón de economía procesal, evitando la inseguridad del juicio, y asegurando a la vez, la igualdad de las partes en el proceso; ademas, siendo que la competencia atribuida a este juzgado se delimita en aquellas causas inferiores a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00), es forzoso declarar que este tribunal “no tiene competencia por la cuantía” y se declara incompetente por la cuantía para conocer el presente juicio. Así se decide.-
DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Segundo del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, con fundamento en los artículos 36 y 60 del Código de Procedimiento Civil, se declara incompetente para el conocimiento del presente asunto y en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA en razón de la cuantía en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, a quien le corresponda por distribución, a cuyo efecto se ordena remitir el expediente mediante oficio, en su oportunidad legal.
Déjese transcurrir el lapso de cinco (05) días de Despacho a los efectos previstos en el artículo 69 Ejusdem.
En virtud de la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese y expídanse las copias de ley conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Segundo del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del estado Barinas. En Barinas a los, trece días del mes de abril del año dos mil siete.
La Juez Temporal

Abg. SONIA C. FERNANDEZ
El Secretario

JOSE ROMAN
En esta misma fecha, siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 PM.) se publicó la anterior sentencia. Conste.
El Secretario

JOSE ROMAN

EXP N° 2058
SCF/JR.