EXP. 5986-06

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN DE LOS ANDES

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

PARTE RECURRENTE: Ciudadano CARLOS ALIRIO MONSALVE, venezolano, titular de la cédula de identidad número 8.004.268, domiciliado en la ciudad de Mérida Estado Mérida.

APODERADOS JUDICIALES: Abogados ANDRÉS SALAZAR RUIZ, GLADYS VALDIVIA OROPEZA y CARMEN GÓMEZ DE VERGARA, titulares de las cédulas de identidad números 4.507.960, 3.977.099 y 3.483.593, e inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 69.791, 9.964 y 60.017 respectivamente.

PARTE RECURRIDA: INSPECTORIA DEL TRABAJO EN EL ESTADO MÉRIDA.

MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad.

I
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

La presente causa se recibió en este Tribunal Superior proveniente de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, quien declinó en este Tribunal Superior la competencia para conocer del recurso de Nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por el ciudadano CARLOS ALIRIO MONSALVE, por medio de su apoderado judicial abogado ANDRÉS SALAZAR RUIZ, contra la INSPECTORIA DEL TRABAJO EN EL ESTADO MÉRIDA.

El apoderado actor, abogado ANDRÉS SALAZAR RUIZ, en el libelo de la demanda alega que en fecha 21 de junio de 2004, su poderdante es notificado de la Providencia Administrativa número 043 de fecha 18 de junio de 2004, emanada de la Inspectora del Trabajo en el Estado Mérida; alegando que dicho acto administrativo fue dictado fuera del ámbito de su competencia, usurpando funciones que no le son propias.

Que la Inspectora del Trabajo tomó como base para dictar el acto administrativo impugnado, el artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con relación a lo cual, señala que dicho artículo no establece en forma alguna a los Inspectores del Trabajo disposiciones atributivas de competencia, que tal facultad recayó exclusivamente en el Ministro del Trabajo, que para que tal competencia pueda ser ejercida por el Inspector del Trabajo, debe mediar previamente la delegación de dicha función, mediante un acto administrativo, el cual debe ser publicado en Gaceta Oficial de la República.

Que la Inspectora del Trabajo usurpó funciones, que por facultad de la ley, le corresponden a la Ministra del Trabajo, al proceder a dictar el acto administrativo mencionado, sin que se hubiera materializado, en su persona, delegación alguna.

Que su representado goza de la dualidad de la inamovilidad que le deviene por Decreto Presidencial y por Fuero Sindical.

Que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, prevé como elemento esencial de validez externa para que el acto cumpla con los extremos de ley, que cada acto administrativo aparezca suscrito por el funcionario competente con la expresa indicación de su titularidad, o la indicación respectiva, en caso de actuar por delegación, que a los Inspectores del Trabajo no les ha sido conferida la competencia para conocer asuntos referidos a la materia.

Que la Inspectora del Trabajo al dictar el acto administrativo en referencia, no verificó la existencia del riesgo que quedara ilusorio el eventual fallo y sin que las parte actora produjera el necesario medio de prueba que constituya presunción grave de tal circunstancia y de la existencia del derecho que se reclama; que hay usurpación de funciones, violación del debido proceso, a la garantía a la tutela, a la garantía de ser juzgado por el Juez natural, que ha debido el sustanciador, verificar la existencia del Periculum in Mora y el medio de pruebas que constituya la presunción grave del derecho que se reclama.

De conformidad con el artículo 19, ordinales 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y de los artículos 25 y 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicita se declare la nulidad de todas las actuaciones de la Inspectora del Trabajo en el Estado Mérida, cursantes en el expediente Nº CD-152 de la nomenclatura llevada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Mérida.

Denuncia la violación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y de los artículos 10 y 12 del Código de Procedimiento Civil, que en el expediente administrativo se observa, que “… en parte alguna de el mismo Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL), trajo al proceso … ‘medios de prueba y presunción grave de inminentes y graves perjuicios a pesar de no haber elemento alguno justificador de la inconstitucional e ilegal Providencia Administrativa igualmente, al imponerle, el órgano administrativo a mi patrocinado una sanción no prevista en la Ley, como es DECLARAR CON LUGAR LA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE DESPIDO claramente que infringió las previsiones del Artículo 10 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y se extralimitó, como funcionaria como la que se observa en la Providencia Administrativa Nº 043; aún en este caso estaría viciada la actividad ya que violentaría lo establecido en los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que no contendría el texto íntegro del acto del cual supuestamente devino, tampoco se indicaron los recursos que podrían ejercer los interesados en contra del mismo. Máximo cuando se incurre en abuso o exceso de poder, …”. (Resaltado del escrito).

Solicita se declare la nulidad absoluta de la Providencia Administrativa Nº 043, dictada por la Inspectora del Trabajo Jefe en el Estado Mérida.

Celebrada la audiencia oral y pública en la presente causa, se hizo presente la parte recurrente, quien ratificó sus alegatos, así como el representante del Ministerio Público, quien expuso: “ … en materia de incompetencia, tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido contestes en distinguir tres (3) tipos de irregularidades: la llamada usurpación de autoridad, la usurpación de funciones y la extralimitación de funciones”.

… omissis …
“Ahora bien, consecuente con lo expuesto opina el Ministerio Público que en el presente caso no se configuró el vicio de incompetencia –ya sea, menor o manifiesta- desde que las Inspectorías del Trabajo no necesitan de ninguna delegación que autorice su proceder, ya que antes por el contrario se trata de unidades administrativas desconcentradas –funcional y territorialmente- del Ministerio del Trabajo (…) pues la desconcentración administrativa es permanente y abstracta desde que se atribuye siempre al órgano institución y no al titular del cargo. De allí su diferencia con la delegación, la cual es normalmente temporal, pues, por lo general, recae siempre sobre el órgano persona. Por tanto, no existe incompetencia legal en razón del grado, ni mucho menos incompetencia constitucional por usurpación de funciones…”.
II
DE LA COMPETENCIA:

Previo al análisis la controversia aquí planteada, procede este Tribunal Superior a determinar su competencia para conocer de la presente causa. Al efecto cabe citar el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece la competencia de los Órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para “ … anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”.

Asimismo, resulta de interés citar sentencia Nº 9 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 2 de marzo de 2005, publicada el 5 de abril de 2005, caso: Universidad Nacional Abierta, que dejó sentado:

“De allí, que al ser las providencias emanadas de las Inspectorías del trabajo, actos administrativos, una tesis que pretenda que el control judicial de tales actos corresponde a órganos que no forman parte de la jurisdicción contencioso administrativa “ordinaria”, sino de tribunales de la jurisdicción laboral (que en esos procesos actuarían como contencioso administrativos especiales), debe necesariamente apoyarse en una norma jurídica que expresamente establezca tal excepción al principio general, y en modo alguno cabe derivarse la misma de una norma que no existe en el presente caso.
Por tanto debe concluir esta Sala Plena que, ante la inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos Contencioso Administrativos competentes. Así se declara”.

Queda así determinada la competencia de este Juzgado Superior, para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra las Providencias Administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo. Así se decide.

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Alega el querellante que la Inspectora del Trabajo usurpó funciones, que por facultad de la Ley, le corresponden a la Ministra del Trabajo, al proceder a dictar el acto administrativo mencionado, sin que se hubiera materializado, en su persona, delegación alguna, que a los Inspectores del Trabajo no les ha sido conferida la competencia para conocer asuntos referidos a la materia, señalando que hay usurpación de funciones, violación del debido proceso, a la garantía a la tutela, a la garantía de ser juzgado por el Juez natural. Denuncia la violación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y de los artículos 10 y 12 del Código de Procedimiento Civil, aduciendo que el órgano administrativo se extralimitó en sus funciones. Asimismo alega que la Providencia Administrativa impugnada, es violatoria de los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por no contener el texto íntegro del acto del cual supuestamente devino, tampoco se indicaron los recursos que podrían ejercer los interesados en contra del mismo. Solicita se declare la nulidad absoluta de la Providencia Administrativa Nº 043, dictada por la Inspectora del Trabajo Jefe en el Estado Mérida.

En tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 2862 de fecha 20 de noviembre de 2002, caso: Ricardo Baroni Uzcátegui), estableció:

“Las Inspectorías del Trabajo, según se deriva de los artículos 588 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, son órganos públicos de naturaleza administrativa, dependientes del Ministerio del ramo, y desconcentrados de la estructura de éste, desde que, en ejercicio de competencias del Poder nacional, tienen autoridad, específicamente en el ámbito de la entidad territorial que se les asigne; por tanto, orgánicamente se integran dentro de la Administración Pública Nacional. Asimismo, materialmente ejercen función administrativa, tal como se desprende de las competencias que les atribuyen los artículos 589 y 590, en concordancia con el artículo 586, de la referida Ley”.

Esta Juzgadora, para decidir, observa: el recurrente alega que la Inspectora del Trabajo, al dictar el acto administrativo impugnado, actuó fuera del ámbito de su competencia, usurpando funciones y extralimitándose en sus funciones, al dictar la Providencia Administrativa impugnada.

Al respecto, resulta pertinente referirse al significado de los vicios que alega el recurrente; en tal sentido tenemos: se considera que un órgano administrativo es incompetente en el ejercicio de sus funciones, cuando actúa fuera de los límites de la competencia que le ha sido atribuida; es decir, excede su actuación del conjunto de facultades y obligaciones que le corresponden, o cuando actúa sin habérsele otorgado legalmente determinada competencia. Respecto a la usurpación de funciones, la misma se configura cuando una autoridad legítima dicta un acto invadiendo la esfera de competencia de un órgano perteneciente a otra rama del Poder Público; y con relación a la extralimitación de funciones, la misma se produce cuando la autoridad administrativa realiza un acto para el cual no le ha sido atribuida competencia expresa.

Sobre el vicio de incompetencia, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 539, de fecha 01 de junio de 2004, caso: Rafael Celestino Rangel Vargas, dejó establecido:

“En cuanto al vicio de incompetencia, tanto la doctrina como la jurisprudencia de esta Sala, han distinguido básicamente tres tipos de irregularidades: la llamada usurpación de autoridad, la usurpación de funciones y la extralimitación de funciones.
La usurpación de autoridad ocurre cuando un acto es dictado por quien carece en absoluto de investidura pública. Este vicio se encuentra sancionado con la nulidad absoluta del acto. Por su parte, la usurpación de funciones se constata, cuando una autoridad legítima dicta un acto invadiendo la esfera de competencia de un órgano perteneciente a otra rama del Poder Público violentando de ese modo las disposiciones contenidas en los artículos 136 y 137 de la Constitución de la República, en virtud de los cuales se consagra, por una parte, el principio de separación de poderes según el cual cada rama del Poder Público tiene sus funciones propias, y se establece, por otra, que sólo la Constitución y la ley definen las atribuciones del Poder Público y a estas normas debe sujetarse su ejercicio.
Finalmente, la extralimitación de funciones consiste fundamentalmente en la realización por parte de la autoridad administrativa de un acto para el cual no tiene competencia expresa”.

Dentro de este marco, conviene determinar la competencia de las Inspectorías del Trabajo para dictar las providencias administrativas relacionadas con los asuntos laborales sometidos a su conocimiento, y al efecto, se remite este Órgano Jurisdiccional a la Ley Orgánica del Trabajo, la cual, establece expresamente las competencias que en materia laboral tienen las Inspectorías del Trabajo.

La Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 453 establece el procedimiento a seguir “Cuando un patrono pretenda despedir por causa justificada a un trabajador investido de fueron sindical (…) solicitará la autorización correspondiente del Inspector del Trabajo de la jurisdicción …”; evidenciándose así la competencia de las Inspectorías del Trabajo para sustanciar y dilucidar los conflictos en materia laboral.

Asimismo, el artículo 589 dispone:
“Las Inspectorías del Trabajo tendrán las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento en la jurisdicción territorial que le corresponda;”
… omissis …

Del criterio que dejó sentado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 2862, antes citado, y de las normas anteriormente transcritas, se desprende que sí tienen competencia las Inspectorías del Trabajo para dictar las Providencias Administrativas en la entidad territorial que se les asigne; en razón de lo cual, se evidencia, que en el caso de autos, el órgano administrativo no ha incurrido en ninguno de los vicios denunciados, referidos al vicio de incompetencia, usurpación y extralimitación de funciones, y así se declara.

Ahora bien, alega también el recurrente que al dictar la Providencia Administrativa impugnada la Inspectora del Trabajo “… violó las previsiones del Artículo 49 de la Constitucional Nacional, ya que; ni estaba facultada para ello ni observó las previsiones legales del caso, que importan al proceso (…) no verificó que estuvieren dados en autos, ni el “periculum in mora” ni la presunción grave del supuesto derecho reclamado lo que impone la violación contemplada en el encabezamiento del Artículo 49 de la Carta Magna, al usurpar la Inspectora del Trabajo, atribuciones que solamente le fueron atribuidas al Ministerio del Trabajo, sometió a mi representada al escrutinio de quien no es su “Juez Natural”, así como a ser procesado por un órgano de excepción, lo que implica la violación de las Previsiones del numeral 4 del Artículo 49 de la Carta Magna”. (resaltado del escrito).

Con respecto a este alegato, pasa esta Juzgadora a determinar la existencia, en el procedimiento administrativo, de la violación del debido proceso; al respecto, se observa, que tal como consta en el expediente administrativo cursante en los autos, no incurrió el funcionario del trabajo, en violación del debido proceso, puesto que se evidencia que efectivamente al trabajador se le notificó oportunamente de los lapsos correspondientes y se le dio oportunidad de alegar y presentar prueba a su favor a los fines de ejercer sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso.

En relación a los mencionados derechos, la jurisprudencia patria, ha dejado sentado lo siguiente:

“En tal sentido, debe indicarse que el derecho a la defensa y al debido proceso se trata de un derecho complejo que encierra dentro de sí, un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el procesado, entre los que figuran, el derecho a acceder a la justicia, el derecho a ser oído, el derecho a la articulación de un proceso debido, derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, derecho a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho a la ejecución de las sentencias, entre otros, que se vienen configurando a través de la jurisprudencia. Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental”.
(Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia número 01012, de fecha 30 de julio de 2002, caso: Luis Alfredo Rivas).

En el caso bajo análisis, se evidencia de los autos que el ente administrativo, al tramitar el procedimiento administrativo, previo a la Providencia impugnada, garantizó el derecho de acceso a la justicia, el derecho a ser oído, pues al ciudadano Carlos Alirio Monsalve, se le concedió la oportunidad legal correspondiente para ejercer su derecho a la defensa, a través de sus alegatos y pruebas aportadas en el procedimiento; en razón de lo cual, concluye este Tribunal Superior que no se configuró en el procedimiento administrativo sustanciado por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Mérida, la violación del debido proceso; en consecuencia, resulta forzoso, la declaratoria sin lugar del presente recurso de nulidad. Y así se decide.

IV
D E C I S I O N

En mérito de los razonamientos expuestos, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decide:

Se declara SIN LUGAR el recurso de NULIDAD interpuesto por el ciudadano CARLOS ALIRIO MONSALVE, contra la Providencia Administrativa Nº 043 de fecha 18 de junio de 2004, emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO EN EL ESTADO MÉRIDA.

Publíquese, regístrese y expídanse las copias de ley.

Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, en Barinas a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2007. Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

LA JUEZ PROVISORIA,
FDO
MAIGE RAMÍREZ PARRA
EL SECRETARIO TEMPORAL,
FDO
WASSIM AZAN ZAYED
En esta misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las__X. Conste.-